El consumo creciente en Europa de equipos eléctricos y electrónicos ha producido un incremento correlativo de la generación de residuos derivados de estos aparatos, que están aumentando tres veces más rápido que los residuos sólidos urbanos. Según las estadísticas facilitadas por los organismos europeos, el 4% de la basura generada en el continente es electrónica.
Una gran parte de estos residuos no son gestionados correctamente por los distintos agentes implicados, y se calcula que para 2020 se tratarán de forma inadecuada 4,3 millones de toneladas cada año. Muchos de los componentes de estos aparatos son altamente contaminantes, por lo que hay una primera derivada medioambiental importante en esta cuestión; pero también existe una dimensión económica en el problema, dado el alto valor y escasez de muchos de los materiales con los que estos equipos están fabricados.
En España se generan más de 160.000 toneladas de basura electrónica en los hogares particulares, y si añadimos los residuos del sector de la electrónica, la industria y los establecimientos comerciales, superamos las 200.000 toneladas.
En 2002 se publicó una Directiva europea (2002/96/CE) que regula específicamente la gestión y reciclado de estos aparatos al final de su vida útil. Esta directiva fue traspuesta a la legislación nacional en 2005 a través de un Real Decreto (RD 208/2005). Existe un alto grado de desconocimiento de la sociedad en general en relación a las obligaciones y responsabilidades, ya no sólo de fabricantes y gestores de residuos, sino también de los últimos poseedores de estos aparatos.
Los propietarios particulares tienen dos alternativas para deshacerse de los equipos obsoletos:
Acudir a la distribución, que debe hacerse cargo de los equipos desechados cuando se produzca una sustitución por uno nuevo, o depositarlos en los puntos limpios municipales. Los escasos puntos existentes en la actualidad dificultan la entrega de estos aparatos. Además se han constatado muchas irregularidades en la gestión de los residuos en estos centros de recepción.
Las empresas sólo pueden deshacerse de sus residuos a través de un gestor autorizado.
Dados los problemas antes mencionados, la comisión ha puesto en marcha una revisión de la Directiva 2002/96/CE que pretende mejorar su eficacia y aplicación, así como reducir los costes administrativos relacionados con su transposición. Para ello la Comisión propone, entre otras medidas, fomentar la reutilización de aparatos, estableciendo objetivos específicos de obligado cumplimiento para los países miembros. El borrador presentado establece que se debe conseguir una cantidad de residuos reutilizados equivalente al 4% de la venta de equipos nuevos.
Independientemente de que la administración europea incorpore en el espíritu de las leyes medioambientales la reutilización como el primer eslabón en la jerarquía del reciclado, queremos exponer nuestra visión de cómo esta actividad puede suponer una oportunidad para las ciudades que vean el potencial de la misma, en términos económicos, sociales y medioambientales.
Vamos a centrar el análisis únicamente en los equipos informáticos (ordenadores, monitores y periféricos)
La gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos para su reutilización tendría una repercusión positiva en términos sociales y medioambientales. Sirvan los siguientes como la medida estimada de los beneficios:
Un estudio realizado por revertia y la Universidad de Vigo demuestra que se produce un ahorro de 235 kg de CO2 por cada equipo informático completo que se reutiliza. Las emisiones evitadas en la producción de un equipo nuevo compensan las que se producen al prolongar el ciclo de vida del equipo antiguo .
La nueva actividad propuesta generaría una necesidad de empleo directo e indirecto que podría resultar un estímulo para las ciudades que apostaran por esta iniciativa. Además de la mano de obra directa para la realización de los procesos de reutilización, sería necesario también crear una logística de recogida y transporte de los materiales.
